Las PYMEs ante el tsunami regulatorio

La semana pasada estuve comiendo con un amigo y le pregunté cómo avanzaba el proyecto de su hermana. Hace tiempo, ella y su pareja decidieron embarcarse en una aventura que muchos comparten: adquirir una parcela y construir una vivienda prefabricada para convertirla en su hogar.

Después de meses de inversión, trámites, decisiones y esfuerzo, la vivienda estaba prácticamente terminada. Sin embargo, al solicitar la cédula de habitabilidad comenzaron a aparecer varias sorpresas.

Entre otras cuestiones, tuvieron que sustituir el termo instalado por un sistema aerotérmico, llevar una preinstalación eléctrica hasta la zona donde aparcarán el coche, a pesar de no disponer de vehículo eléctrico, realizar modificaciones en el cuadro eléctrico y desplazar una caseta por no cumplir la distancia mínima exigida respecto al límite de la parcela.

Cada una de estas exigencias puede tener su justificación individual. El problema es que, cuando se suman, suponen nuevos costes, retrasos e inversiones imprevistas para quienes simplemente intentan sacar adelante un proyecto personal.

Mientras escuchaba la historia no podía evitar pensar en cuántas veces ocurre algo parecido en el ámbito empresarial. Una normativa aislada puede parecer razonable. Dos también. Tres probablemente igualmente. Sin embargo, cuando una pequeña empresa debe cumplir simultáneamente con decenas de obligaciones administrativas, laborales, medioambientales, digitales, energéticas o de seguridad, el impacto acumulado puede convertirse en una carga muy difícil de asumir.

España y Europa son referentes en materia regulatoria. Muchas de estas normas nacen con buenas intenciones y persiguen objetivos legítimos. La cuestión que me planteo es si, en ocasiones, estamos valorando adecuadamente el coste real que supone su aplicación para ciudadanos, autónomos y especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Esta reflexión me llevó a escribir el siguiente artículo sobre cómo el exceso de regulación puede afectar a la competitividad, la inversión y la capacidad de crecimiento de las PYMEs españolas y europeas.

Las PYMES españolas no solo lidian con las leyes nacionales y autonómicas, sino con las constantes directivas de Bruselas.

Europa ha construido uno de los entornos más regulados del mundo en ámbitos como la protección de datos, sostenibilidad, prevención de riesgos, seguridad, trazabilidad, accesibilidad, protección contra incendios, información financiera, ciberseguridad, inteligencia artificial, planes de igualdad y un largo etcétera.

Muchas de estas regulaciones persiguen objetivos legítimos e incluso necesarios, pero el problema aparece cuando la capacidad de adaptación de una gran multinacional y la de una PYME se tratan como si fueran equivalentes.

Una multinacional y una pyme no juegan con las mismas cartas

Cuando surge una nueva obligación regulatoria, una gran empresa suele disponer de departamentos jurídicos, financieros, de calidad con personal especializado y recursos tecnológicos. En cambio en muchas PYMEs la realidad es bien distinta, la persona que gestiona la empresa a menudo vende, negocia con proveedores, supervisa operaciones y además debe entender nuevas obligaciones regulatorias.

La norma es la misma para todos, pero la capacidad para asumirla no.

Este es un efecto que pocas veces se menciona, el riesgo de favorecer a los grandes actores, cada nueva barrera regulatoria suele ser más fácil de absorber para las grandes empresas. El cumplimiento normativo requiere más personal, más tecnología y más procedimientos.

Las compañías con mayor tamaño parten con ventaja. Mientras tanto, muchas pequeñas empresas ven cómo aumenta su carga administrativa sin obtener una mejora proporcional en su competitividad.

Paradójicamente, algunas regulaciones diseñadas para proteger el mercado pueden terminar favoreciendo procesos de concentración empresarial.

El coste oculto de la regulación

Cuando se habla de regulación suele pensarse únicamente en sanciones o requisitos documentales.

Pero existe un coste menos visible, cada nueva obligación suele implicar; nuevas herramientas y auditorías, cambios en infraestructuras y procedimientos, asesoramiento externo, adaptación de sistemas informáticos, etc.

Y todo ello supone inversión, una inversión que no suele generar ingresos adicionales, simplemente permite seguir cumpliendo.

El tiempo también es un recurso, uno de los activos más escasos en cualquier pyme a veces no es el dinero, es el tiempo.

Cada hora dedicada a formularios, documentación, auditorías, controles y reportes, es una hora que no se dedica a clientes, innovación, desarrollo de negocio, mejora de productos y en definitiva crecimiento.

Y cuando la dirección de una empresa pequeña tiene que absorber gran parte de esa carga, el impacto puede ser considerable.

Cómo sobrevivir a este Tsunami

La realidad es que la regulación seguirá creciendo en muchos ámbitos, por ello, más que resistirse al cambio, muchas empresas necesitan encontrar formas más eficientes de adaptarse.

Aquí es donde cobran especial importancia la organización, la simplificación de procesos, la automatización, los sistemas de información, el Business Intelligence y el uso inteligente de la tecnología.

No para añadir más complejidad, sino para absorber mejor la que ya existe.

Debería haber una búsqueda del equilibrio

Bajo mi punto de vista, la cuestión no es elegir entre regulación o ausencia de regulación que cumple funciones importantes. La cuestión es encontrar un equilibrio razonable que permita proteger a consumidores y trabajadores, garantizar transparencia y fomentar buenas prácticas, sin imponer a las pequeñas empresas cargas desproporcionadas respecto a su capacidad real.

Porque una economía fuerte no se construye únicamente con grandes corporaciones, también necesita un tejido sólido de pequeñas y medianas empresas. Creo que que cuando se regula en lo que menos se piensa es en proteger también a estas PYMEs.

Las pymes son responsables de una gran parte del empleo y de la actividad económica en España y Europa.

Por ello, cada nueva obligación debería analizarse no solo desde el punto de vista de sus objetivos, sino también desde el esfuerzo que exige a quienes disponen de menos recursos para asumirla.

Porque cuando la regulación consume más energía que la creación de valor, el riesgo no es únicamente para las empresas, lo es también para la competitividad del conjunto de la economía.